Un terremoto de magnitud 4,1 se ha registrado este jueves mala las 18.32 horas y ha sido percibido en numerosos municipios de la provincia de Málaga, especialmente en zonas costeras, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el oeste del mar de Alborán, un área con actividad sísmica moderada, y alcanzó una profundidad de 24 kilómetros, lo que favoreció que fuera sentido en superficie sin provocar consecuencias graves.

De acuerdo con los datos técnicos facilitados por el IGN, el seísmo se localizó en las coordenadas 35.75 grados de latitud norte y 4.61 grados de longitud oeste. A pesar de su intensidad moderada, el temblor fue claramente percibido por la población en distintos puntos del litoral malagueño, generando momentos de inquietud entre vecinos que notaron vibraciones en viviendas y edificios, aunque sin incidencias destacables.

El terremoto se sintió en localidades como Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Benagalbón y Torre de Benagalbón, así como en otras zonas del área metropolitana y la Costa del Sol, entre ellas Fuengirola, Las Lagunas de Mijas, Calahonda-Chaparral, Cancelada (Estepona) y Benajarafe. Algunos ayuntamientos confirmaron haber recibido llamadas de ciudadanos alertando del temblor, aunque no fue necesaria la activación de protocolos de emergencia.

Las autoridades han señalado que no se han registrado daños personales ni materiales, y han recordado que este tipo de movimientos son relativamente habituales en el entorno del mar de Alborán, una región situada en el límite de placas tectónicas. Este episodio vuelve a poner de relieve la importancia de la vigilancia sísmica, la información a la ciudadanía y la preparación preventiva, especialmente en áreas donde los seísmos, aunque generalmente leves, forman parte de la dinámica geológica habitual.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que España podría enviar militares españoles a una misión de paz en Ucrania, una vez que se alcance el cese de hostilidades en el país europeo. La declaración se produjo tras su participación en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en París, donde abordó tanto la reconstrucción del país como los aspectos de seguridad que requerirá el alto al fuego.

Sánchez explicó que el próximo lunes se reunirá con “la mayoría” de los grupos parlamentarios del Congreso para definir cuál debería ser la contribución española una vez finalice la guerra. El objetivo, según el presidente, es articular un paquete integral de apoyo que incluya ayuda humanitaria, reconstrucción de infraestructuras, incentivos económicos y medidas de seguridad, en coordinación con la Unión Europea y países aliados como Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa, Sánchez recalcó que España ha defendido desde el principio el acceso de Ucrania a la Unión Europea y reafirmó el compromiso del Gobierno en continuar apoyando al país tanto en la esfera política como económica. Además, destacó que la futura misión de paz debería tener un doble enfoque: reconstrucción civil y presencia militar, en línea con la experiencia española en operaciones de mantenimiento de la paz en otras regiones del mundo.

Al ser consultado sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas españolas, Sánchez señaló que España está dispuesta a colaborar con la paz en Europa tal como ha hecho en otras latitudes. “Si lo hemos hecho en otras partes del mundo, cómo no lo vamos a hacer en Europa”, afirmó, subrayando el compromiso del país con la seguridad regional y la estabilidad postconflicto. La reunión con los grupos parlamentarios marcará los próximos pasos para definir el alcance de la contribución española.

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Por tercer año consecutivo, España ha cerrado 2025 con un incremento notable del empleo, registrando 506.451 afiliados más a la Seguridad Social y consolidando el total de cotizantes en 21.844.414. Este crecimiento refleja una recuperación sostenida del mercado laboral, respaldada por la reorganización del trabajo y políticas de empleo que han favorecido tanto a trabajadores nacionales como extranjeros. La estadística sitúa el número de desempleados en 2.408.670, su cifra más baja desde 2008, con un paro juvenil de 176.852 menores de 25 años.

Entre los factores que han impulsado estas cifras destaca la afiliación femenina, que ha sumado 243.578 ocupadas más durante el último año, un crecimiento del 13,4% respecto al ejercicio anterior, superando en tres puntos al masculino. Además, la participación de trabajadores extranjeros ha sido significativa: 4 de cada 10 nuevos cotizantes tienen origen foráneo, representando 204.659 incorporaciones. También se observa un crecimiento en el empleo autónomo, con 39.002 nuevos trabajadores por cuenta propia, especialmente en sectores de alto valor añadido.

El análisis sectorial evidencia cambios en el modelo productivo español. En el Régimen General, el transporte y la logística destacan con un incremento del 6,89% y 61.209 nuevos ocupados, mientras que la ocupación disminuye en actividades domésticas con 10.966 bajas. Entre los autónomos, áreas tradicionales como el comercio pierden afiliación (-13.194), mientras que sectores como información y comunicación suman 9.030 nuevas altas (10,4%), y actividades inmobiliarias y suministros de energía eléctrica muestran avances del 8,23% y 7,59%, respectivamente.

A nivel territorial, la reducción del paro en diciembre se produjo en diez comunidades autónomas, con descensos significativos en Andalucía (-12.271), Comunidad Valenciana (-2.173) y Madrid (-1.504). Las cifras reflejan no solo la recuperación laboral sostenida sino también los desafíos de la desigualdad por género y origen. El Ministerio de Trabajo y Economía Social subraya la importancia de seguir promoviendo políticas que fortalezcan la inserción de mujeres y trabajadores extranjeros para consolidar un mercado laboral más inclusivo y resiliente.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cesar a Antonio Hernández, número dos de Francisco Salazar, de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La medida se produce tras las denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por dos trabajadoras de la Oficina Antiacoso del PSOE, que afectaron a Salazar, cercano colaborador de Sánchez. Según fuentes del Ejecutivo, la salida de Hernández se hará efectiva en el próximo Consejo de Ministros.

Hernández, considerado la mano derecha de Salazar en el equipo de análisis y estrategia electoral de La Moncloa, también dejará la ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ocupaba la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva bajo la dirección de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Su trayectoria en el partido incluye participación en la ejecutiva de Juan Espadas y vínculos familiares con Nieves Hernández, exconcejal y asesora en la Diputación de Sevilla. Su cese responde al intento de Sánchez de tomar medidas ante la crisis interna en el PSOE generada por el caso Salazar.

El presidente rompió su silencio sobre la situación el pasado sábado, reconociendo su responsabilidad personal por la gestión del caso. Sánchez pidió disculpas por el retraso en contactar con las víctimas durante cinco meses y afirmó que el partido no actuó con intención, sino que hubo un error de procedimiento. La crisis ha generado malestar entre varios dirigentes y referentes feministas del PSOE, como Adriana Lastra y Andrea Fernández, que exigieron explicaciones y acciones concretas para acelerar el expediente contra Salazar.

El cese de Hernández y las medidas anunciadas buscan reforzar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del partido, así como restaurar la confianza interna. Sánchez destacó que legalmente el PSOE no puede presentar denuncias ante la Fiscalía por casos anónimos y que la responsabilidad recae en las víctimas, aunque se comprometió a que la formación agilice el proceso disciplinario contra Salazar. La decisión subraya la intención del líder socialista de contener la crisis interna y mostrar un compromiso firme con la lucha contra el acoso.

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El Tribunal Supremo celebra este jueves una vista clave para determinar si el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresan en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular (PP). La sesión, dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, busca valorar si existe riesgo de fuga de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. La decisión final se conocerá una vez el tribunal analice los argumentos de las partes y revise las medidas cautelares actualmente vigentes.

El juez citó a Ábalos a las 10:00 horas, manteniendo esta hora sin modificaciones, mientras que la comparecencia de García, inicialmente prevista a las 11:00, fue pospuesta a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en la trama, ante la Audiencia Nacional. Puente justificó que no era necesario que el abogado de García estuviera presente en la vista de Ábalos, por lo que solo ajustó la convocatoria del exasesor. Ambos siguen sometidos a las medidas cautelares decretadas previamente: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares sostienen que existen «indicios racionales de criminalidad» y que la gravedad de los delitos imputados justificaría el ingreso inmediato en prisión. Argumentan además que la elevada petición de pena podría favorecer el riesgo de fuga y dificultar el correcto desarrollo del proceso judicial. Estas peticiones se elevaron formalmente tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ábalos una pena de 24 años de prisión y para García 19 años y medio, ambos acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, el Ministerio Público reclama multas económicas que rondan los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para cada uno, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La resolución del Supremo marcará un punto decisivo en el avance del caso y en las condiciones en que los acusados afrontarán el juicio.

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La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, reconocida como la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, según ha confirmado su familia. Nacida el 18 de marzo de 1913 en el municipio de Bellvís (Lleida), Torres pasó la mayor parte de su vida en Barcelona, donde residía desde su infancia, en una vivienda situada cerca del templo de la Sagrada Familia.

Desde el fallecimiento de Maria Branyas en enero de 2025, quien alcanzó los 117 años, y de Piedad Loriente Pérez (113 años), Angelina Torres se convirtió en la persona viva de mayor edad en el país, según el portal especializado Longeviquest, que verifica los registros de longevidad a nivel internacional. Su vida abarcó más de un siglo de historia, desde los años previos a la Guerra Civil española hasta la era digital.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lamentó su fallecimiento y compartió una fotografía de una visita que realizó a su hogar. Illa la definió como una mujer “sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza”. La publicación ha recibido numerosos mensajes de condolencia, destacando el ejemplo de longevidad y serenidad que representó Torres para varias generaciones.

La familia de la fallecida ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha solicitado respeto por su intimidad en estos momentos. Con su partida, España pierde a una de sus últimas testimonios centenarias del siglo XX, y la lista de las personas más longevas del país será actualizada por Longeviquest en los próximos días. La historia de Angelina Torres Vallbona deja un legado de resiliencia, sencillez y amor por la vida que marcó a quienes la conocieron.

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Los alquileres que se revisen a partir de septiembre de 2025 podrán subir hasta un 2,22%, según el índice de referencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato, el más alto desde diciembre de 2024, supone la cuarta subida mensual consecutiva y se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023.

El nuevo índice reemplaza en gran medida la tradicional actualización basada en el IPC, estableciendo un límite que busca evitar incrementos desproporcionados en las rentas. Desde su publicación, el índice ha generado debate en el sector, ya que aunque protege a los inquilinos frente a subidas excesivas, algunos agentes consideran que puede desincentivar la oferta de vivienda en alquiler.

La Ley por el Derecho a la Vivienda permite que los propietarios ajusten el alquiler según este índice, o prorrogue la renta durante cinco años si es un particular y hasta siete años si es un gran inversor. Mientras tanto, la inflación interanual se situó en septiembre en el 3%, por encima del incremento máximo permitido en los alquileres, lo que implica que la actualización de rentas se mantiene por debajo de la subida de precios general.

Desde la introducción del índice de referencia en 2025, se han registrado incrementos mensuales variables: desde un mínimo del 1,9% hasta el 2,28%, con el actual 2,22% como cifra más alta del año. Este mecanismo refleja la intención del Gobierno de controlar la subida de los alquileres sin congelarlos, equilibrando la protección del inquilino con la rentabilidad de los propietarios en un mercado marcado por la inflación.

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El pasado 12 de Octubre la capital se ha vestido de gala para celebrar la Fiesta Nacional con el tradicional desfile militar en el Paseo de la Castellana, que este año ha reunido a más de 3.850 efectivos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones. Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores, pero miles de personas acudieron a las calles para mostrar su apoyo y orgullo nacional.

Como gran protagonista del desfile: el estreno de la Formación Mirlo, el nuevo grupo acrobático del Ejército del Aire y del Espacio, que sustituyó a la mítica Patrulla Águila tras más de 40 años de historia. Por primera vez, los nuevos aviones Pilatus PC-21 dibujaron la bandera de España en el cielo de Madrid.

Tras el acto militar, el Palacio Real acogió la tradicional recepción oficial, con la presencia de representantes de todos los niveles institucionales y diversos sectores de la sociedad española.

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El Congreso de los Diputados retomará su actividad en septiembre tras el parón veraniego con una agenda marcada por la tramitación de una treintena de leyes y, sobre todo, por el debate en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a finales de julio su intención de presentar unas nuevas cuentas que sustituyan a las prorrogadas de 2023. Sin embargo, el camino legislativo no se presenta sencillo.

Desde la oposición, el Partido Popular ha puesto en duda la viabilidad del proyecto. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó los presupuestos de “quimera” y acusó al Ejecutivo de haber iniciado las vacaciones sin activar los trámites previos, como la convocatoria de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. En este sentido, los populares han registrado una proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha cuanto antes los procedimientos presupuestarios, incluyendo la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública.

El Ejecutivo también enfrenta tensiones con sus socios parlamentarios. Mientras Podemos considera que la legislatura está “muerta” y que los presupuestos son una excusa para anticipar elecciones, Junts ha advertido que su apoyo dependerá de concesiones “estructurales” y que en otoño podrían producirse hechos “nunca vistos hasta ahora”. Por su parte, ERC ha condicionado su respaldo a avances en materia de financiación autonómica, y ya ha pactado con el Gobierno la condonación parcial de la deuda autonómica a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La falta de apoyos consolida un escenario de incertidumbre política. La aprobación de los presupuestos es considerada clave no solo para garantizar la estabilidad del Ejecutivo, sino también para determinar la continuidad de la legislatura. De fracasar, se abriría la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones, en un contexto en el que el Parlamento deberá gestionar además una elevada carga legislativa pendiente.

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Según Interior, esta medida supone un aumento del nivel de alerta y vigilancia a nivel nacional. Las comunidades autónomas seguirán dirigiendo las labores de extinción en sus territorios, pero se optimizará el trabajo conjunto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros recursos estatales para una posible movilización adicional de efectivos y medios si la situación empeora.

«A efectos prácticos, en el momento actual no supone un gran cambio para lo que veníamos haciendo hasta ahora. La dirección de las emergencias la llevan las comunidades autónomas y nosotros, como siempre, nos ponemos a su disposición», explicó Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, desde el puesto de mando de los incendios en Zamora.

Actualmente, casi un millar de militares de la UME se encuentran desplegados por todo el país, luchando contra el fuego y evitando su propagación. El viento, las altas temperaturas y la baja humedad están complicando especialmente las labores en provincias como Zamora.

Diosdado recordó la conocida «regla del 30» en la lucha contra incendios: más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de viento y menos del 30% de humedad. «Cuando la previsión meteorológica te dice una cosa pero, de repente, el viento cambia y la temperatura sube, son factores que pueden hacer que un incendio se propague rápidamente o que se complique su extinción», señaló.

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