En 2025, la Agencia Tributaria podría implementar una nueva medida que afectaría a los usuarios de pagos con tarjeta, tanto de crédito como débito, como parte de su esfuerzo por controlar el fraude fiscal. El Gobierno está desarrollando un real decreto que obliga a las entidades financieras a informar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre aquellos pagos realizados por sus clientes que superen los 25.000 euros anuales. La medida también abarcará pagos a través de otros medios electrónicos como tarjetas virtuales o monederos digitales.

Este cambio tiene como objetivo garantizar un control más exhaustivo de los movimientos financieros y evitar el uso de grandes sumas de dinero de manera no transparente. Las entidades bancarias serán las encargadas de presentar estos informes, sin que los usuarios tengan que realizar trámites adicionales. Cada informe anual deberá incluir un desglose de las operaciones realizadas, especificando tanto los importes como el número de transacciones realizadas y la identificación del titular de la tarjeta.

Aunque aún no se ha aprobado oficialmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que esta medida forma parte de un plan para reforzar el control de los pagos electrónicos. Se prevé que esta obligación entre en vigor en 2026, y que la primera declaración correspondiente cubra los datos de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2025. De aprobarse, esta reforma afectará a miles de usuarios de tarjetas en España, ampliando la vigilancia sobre los medios de pago electrónicos.

A pesar de la implicación de las entidades bancarias en el proceso, algunos expertos advierten que esta medida podría generar preocupaciones sobre la privacidad financiera de los ciudadanos. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que el objetivo principal es mejorar la lucha contra el fraude fiscal y asegurar una mayor transparencia en las transacciones económicas.

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La Comunidad de Madrid ha alertado sobre los efectos negativos que supondría la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales planteada por el Gobierno central. Según un informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, esta medida generaría un sobrecoste de 2.635 millones de euros al año para los sectores de comercio (1.775 millones) y hostelería (860 millones), los más afectados en la región.

El Ejecutivo autonómico ha expresado su rechazo frontal al anteproyecto de ley estatal, argumentando que la medida se ha adoptado de forma unilateral, sin acuerdo con los agentes sociales y vulnerando la negociación colectiva y la libertad de empresa. Además, señala que la norma carece de un desarrollo reglamentario claro, lo que podría generar inseguridad jurídica y aumentar la conflictividad laboral en toda España.

Desde la Comunidad de Madrid destacan que pymes y autónomos serán los más perjudicados, ya que muchos negocios se verán obligados a contratar más personal para cubrir las horas reducidas o, en algunos casos, a recortar su actividad con la consiguiente pérdida de ingresos. Varios estudios externos han advertido sobre las graves consecuencias económicas de esta medida, que podría comprometer el crecimiento y la estabilidad del sector.

Además, el informe subraya que la normativa haría que España pase de tener una legislación laboral dentro de los márgenes habituales en la Unión Europea a una de las más rígidas del continente, lo que añadiría nuevos costes financieros y burocráticos a las empresas, dificultando especialmente la situación de las compañías más pequeñas.

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El Ministerio de Transportes ha anunciado que a partir de este jueves 1 de febrero se podrán adquirir nuevamente los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y los Avant con descuentos de hasta el 50 %. Además, se reactivará la venta de los títulos gratuitos para líneas de autobús estatal. La medida se confirma tras la publicación del decreto en el BOE, garantizando su continuidad hasta el 30 de junio de 2025.

El Gobierno también ha informado que se están preparando nuevas medidas de descuento a partir de julio de 2025. Entre ellas, destacan la implementación de un billete único de Cercanías y la gratuidad del transporte público para menores de 15 años. Asimismo, los servicios de transporte urbano y metropolitano mantendrán descuentos del 50 % en abonos y títulos multiviaje durante el primer semestre del año.

Hasta el 22 de enero, Renfe había emitido más de 1,36 millones de abonos gratuitos, de los cuales más de un millón corresponden a Cercanías y 353.400 a Media Distancia. Además, el Gobierno destinará 1.600 millones de euros a financiar estas ayudas, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y reducir el impacto ambiental del tráfico rodado.

A partir de 2026, se prevé la implantación de un abono único para toda España, con tarifas reducidas para jóvenes y colectivos vulnerables. También se estudian subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas, con el fin de promover medios de transporte sostenibles en entornos urbanos.

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La Asamblea de Madrid ha aprobado una subida del 6% en los sueldos de los diputados, generando opiniones divididas entre los partidos políticos. Según el texto firmado por el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, esta medida busca equiparar las retribuciones de los diputados madrileños con las de otros parlamentos autonómicos, ya que actualmente se sitúan un 16% por debajo de la media nacional.

El PP y el PSOE han respaldado esta decisión, justificándola como una forma de reconocer la «grandísima actividad legislativa» y de corregir el desajuste salarial. Carlos Díaz-Pache (PP) destacó que, incluso con el aumento, la Asamblea se ubica en el noveno puesto en términos de retribuciones, lejos de los niveles del Congreso y el Senado.

Por su parte, Vox ha criticado duramente la medida, acusando a PP y PSOE de mantener «privilegios» en lugar de aplicar reformas estructurales. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, denunció que este incremento podría suponer 200 euros adicionales por nómina en lo que queda de legislatura.

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha pedido que la subida quede condicionada a la revalorización de las pensiones, tumbada recientemente en el Congreso. Además, ha señalado el contraste entre el aumento de los sueldos de los diputados y la situación de muchas familias madrileñas.

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El plan del PP se desplegará a través de dos vías: una iniciativa en la plataforma Change.org, y una movilización en calles de toda España mediante la «estructura territorial provincial» del partido. Según el PP, estas acciones buscan combatir las consecuencias de lo que consideran un «caos político» generado por el Gobierno, al que acusan de priorizar «pactos políticos», como el pago al PNV por un inmueble en París valorado en 15 millones de euros, en detrimento de los ciudadanos.

Además, el PP ha presentado una moción en el Senado para instar al Gobierno a convocar un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar medidas urgentes en favor de los pensionistas y otros sectores afectados. Aunque esta moción tiene asegurada la aprobación en la Cámara Alta, no es vinculante, y el Gobierno podría ignorarla. «Si le preocupan los españoles, esto lo solucionamos en dos tardes», afirmó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Pedro Sánchez defiende la presentación de un decreto ómnibus que integre todas las medidas rechazadas en el Congreso. Durante su visita a Fitur, el presidente del Gobierno apeló a la responsabilidad de los partidos para aprobar el decreto, insistiendo en que estas medidas son cruciales para los sectores más vulnerables y confía en sacar adelante las propuestas.

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Más Madrid Fuenlabrada ha registrado alegaciones que incluyen propuestas concretas como un plan para facilitar el acceso a la vivienda pública y reiteran mociones ya presentadas y rechazadas en plenos anteriores. Según el grupo, estas medidas son fundamentales para garantizar la justicia social y la estabilidad económica en el municipio.

Además, proponen acciones para mejorar la movilidad sostenible, como un plan integral para optimizar las rutas y tiempos de los autobuses municipales. Esta línea de trabajo sigue la aprobación en diciembre de su propuesta de un carril bici útil y eficiente, diseñado para mejorar el transporte no motorizado.

Finalmente, el grupo destaca la necesidad de cumplir con la agenda 2030, centrando sus propuestas en la transición energética, la recuperación de espacios verdes y talleres en igualdad de género. También incluyen la creación de una escuela municipal STEM como parte de un compromiso con la igualdad cultural y educativa.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su gobierno dará “todas las batallas posibles” contra la denominada Ley Begoña, una reforma impulsada por el Ejecutivo central que, según Ayuso, representa un intento de “dinamitar el Estado de Derecho” y otorgar una “amnistía preventiva” al entorno cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluido el actual Fiscal General del Estado, investigado judicialmente.

Ayuso calificó la ley como un “golpe a la Constitución y la convivencia” que busca “atar las manos a los jueces, limitar la libertad de prensa y restringir la tutela judicial efectiva”. Según la presidenta madrileña, esta proposición de ley es parte de un plan que “altera la Constitución por la vía de los hechos”, mientras el Gobierno central busca blindarse ante posibles consecuencias legales y mantenerse en el poder.

Durante su intervención tras el Consejo de Gobierno, Ayuso destacó que esta semana el Tribunal Supremo ha señalado supuestas irregularidades en la dinámica entre la Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno. También criticó lo que considera una “estrategia para sembrar discordia y desconfianza” y advirtió que este tipo de cambios normativos “socavan las bases de las democracias liberales” de forma gradual.

Por último, Ayuso insistió en que la Comunidad de Madrid se mantendrá firme en la defensa de la legalidad y las instituciones democráticas. “El Estado de Derecho no ha sido vencido”, afirmó, destacando el papel de asociaciones de funcionarios y profesionales que, según ella, trabajan para garantizar la estabilidad y justicia en España.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la intención del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Según Ayuso, esta medida responde a un “fin espurio” y pretende “dinamitar la Transición” mediante una interpretación sesgada de la historia.

La presidenta defendió que el edificio, sede del Ejecutivo autonómico, tiene una trayectoria de más de 250 años que no se puede reducir al periodo en que albergó la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Ayuso destacó su relevancia como símbolo de convivencia, mencionando eventos históricos como el 2 de mayo de 1808, el papel de la Real Casa como kilómetro cero de las carreteras radiales, y su conexión con tradiciones como las campanadas de fin de año.

El Gobierno madrileño argumenta que la declaración vulnera competencias autonómicas, ya que el edificio está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y no reúne los requisitos establecidos por la Ley de Memoria Democrática. Además, el Ejecutivo denuncia la falta de comunicación previa por parte del Ministerio de Política Territorial.

Díaz Ayuso subrayó que la Comunidad de Madrid defenderá la Real Casa de Correos “en todos los frentes posibles” para preservar su significado histórico y cultural como símbolo de unidad y libertad. Según el Gobierno regional, la decisión del Ejecutivo central constituye un ataque a una institución de autogobierno y a la memoria colectiva de los madrileños.

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El Gobierno de Leganés (PP-ULEG) ha anunciado que se pone a disposición de la Justicia para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de 108 viviendas públicas realizada en 2023 por el anterior ejecutivo socialista. La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) otorgó el contrato, valorado en 16 millones de euros, a la constructora LIC, pese a presentar la oferta más costosa, superando en un millón de euros a otras propuestas.

El alcalde actual, Miguel Ángel Recuenco, ha señalado que esta adjudicación se realizó un mes antes de las elecciones municipales, sin financiación bancaria y con carácter electoralista, al anunciarse el sorteo de las viviendas pocos días antes de los comicios. Además, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó los terrenos de la promoción una semana antes de la adjudicación.

Tras estas informaciones, se acelerarán los trabajos de la comisión de investigación de EMSULE, aprobada en septiembre de 2023. El primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, propondrá citar al exalcalde Santiago Llorente y a los miembros del Consejo de Administración de esa época, incluyendo al actual portavoz socialista, Javier Márquez.

El Gobierno local ha señalado que las viviendas, inicialmente paralizadas tras la entrada en preconcurso de acreedores de LIC, están siendo construidas ahora bajo una nueva adjudicación, con la financiación bancaria necesaria gestionada por el actual ejecutivo. Las autoridades aseguran que proporcionarán toda la documentación requerida para esclarecer los hechos.

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