El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó este domingo en Murcia un nuevo modelo de política migratoria basado en un visado por puntos, inspirado en sistemas como los de Canadá y Australia. La propuesta busca priorizar la entrada de inmigrantes que trabajen en sectores con déficit de mano de obra, se integren culturalmente y provengan de países que colaboren con España en materia migratoria, ofreciendo recompensas a los Estados que cooperen en el control de flujos.

Durante su intervención, Feijóo destacó la importancia de controlar fronteras y aplicar la legalidad, diferenciando su plan del discurso de Vox, al que acusó de deshumanizar a los inmigrantes. Además, propuso ligar la percepción de ayudas públicas, como el Ingreso Mínimo Vital, a la búsqueda activa de empleo, para evitar que las subvenciones se conviertan en el único medio de vida de quienes llegan al país.

En cuanto a la tolerancia cero con los delitos, el líder del PP aclaró que los inmigrantes que cometan delitos graves perderán automáticamente el derecho a residencia. Para los delitos leves, no se aplicarán deportaciones masivas; cada caso será evaluado individualmente, respetando los derechos y deberes de los migrantes, con el objetivo de mantener la integración y la dignidad de las personas. Feijóo subrayó que quienes lleguen con voluntad de trabajar y cumplir las leyes serán acogidos, mientras que quienes incumplan las normas enfrentarán sanciones.

La presentación del plan incluyó la firma de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, respaldada por los presidentes autonómicos del PP, que establece las bases de la futura legislación migratoria. Los dirigentes del partido consideran que la inmigración bien gestionada es una oportunidad, mientras que la mal gestionada genera precariedad y división social. Algunos líderes populares advierten que la medida podría fortalecer a Vox, aunque otros celebran el fortalecimiento del discurso de orden, legalidad y contribución al empleo como eje central de la política migratoria.

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El Consell de Govern de Baleares ha anunciado que autorizará a la Abogacía autonómica a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del Ejecutivo central que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. La medida fue aprobada el pasado 22 de julio y establece un procedimiento para trasladar a otras comunidades a los menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, regiones que ya han triplicado su capacidad de acogida.

Este recurso será el segundo que presenta Baleares contra el mecanismo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El primero, junto con otras autonomías gobernadas por el PP y con Castilla-La Mancha (PSOE), se interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Extranjería. Ahora, la intención es lograr que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente la llegada de 49 menores migrantes que, según la planificación estatal, deberían ser acogidos en el archipiélago.

La consellera de Presidencia ha adelantado que Baleares solicitará además ser declarada en situación de contingencia migratoria, aunque todavía no ha alcanzado el límite de triplicar su capacidad ordinaria de acogida. Este procedimiento ya ha sido activado por Melilla y Ceuta, que denuncian el colapso de sus centros y piden que los nuevos menores no acompañados sean trasladados a la península en un plazo máximo de 15 días.

Las críticas no se limitan a Baleares. Desde Galicia, la conselleira de Política Social, Fabiola García, acusó al Gobierno de “falta de diálogo y planificación” y rechazó cualquier “imposición”. En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censuró lo que calificó como un intento de “imponer por la fuerza” un reparto sin garantizar financiación ni medios suficientes. Desde el Ejecutivo central, por su parte, se defiende que el decreto es necesario para dar respuesta a la situación de saturación en las regiones fronterizas y cumplir con las obligaciones de protección a la infancia migrante.

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El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma en relación con los menores migrantes no acompañados. Este marco no determina directamente el número de traslados, pero será clave para que los territorios que superen su capacidad en más del triple puedan solicitar la contingencia migratoria extraordinaria. Según fuentes gubernamentales, esta situación afecta principalmente a Canarias, Ceuta y Melilla, donde la presión migratoria es especialmente elevada.

Tras la aprobación del decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo prevé que a partir del jueves 28 de agosto se puedan iniciar los traslados de menores desde los territorios sobreocupados hacia la Península. En total, para aliviar la situación de Canarias, Ceuta y Melilla, las comunidades deberán acoger a 3.975 menores migrantes. El reparto prevé que Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) concentren casi la mitad de las acogidas.

El Gobierno recuerda que este asunto debía haberse tratado en la Conferencia Sectorial de Infancia del pasado 17 de julio, que fue suspendida por falta de quórum debido a la ausencia de comunidades gobernadas por el Partido Popular, con la excepción de Ceuta. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia subrayan que el decreto “da un marco jurídico sólido” y permitirá atender de forma más equitativa a los menores.

Por otro lado, Euskadi y Cataluña quedarán excluidas del reparto por el esfuerzo realizado en años anteriores. No obstante, Cataluña ha anunciado que de manera voluntaria acogerá al menos 31 menores, cifra equivalente a la de campañas pasadas. El Estado financiará los gastos de acogida durante un mínimo de tres meses, en un intento por facilitar la cooperación entre administraciones. El objetivo, destacan desde el Gobierno, es garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes y evitar la sobrecarga de determinados territorios fronterizos.

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Un grupo de inmigrantes magrebíes desembarcó este domingo a las 14:00 horas en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, provocando sorpresa entre los numerosos turistas y granadinos que se encontraban disfrutando del fin de semana. Los inmigrantes llegaron en una lancha motora de grandes dimensiones, de unos 15 metros de eslora y equipada con dos potentes motores, que se acercó hasta la orilla frente a un chiringuito, rebasando la línea de seguridad establecida para este tipo de embarcaciones.

Según relataron testigos presenciales, los inmigrantes saltaron al agua tras acercarse la lancha a la playa y nadaron unos metros antes de correr entre las sombrillas para intentar escapar. Algunos lograron cruzar el paseo marítimo y adentrarse en el casco urbano de Castell de Ferro, mientras que otros fueron detenidos rápidamente por agentes de la Guardia Civil, que reaccionaron con celeridad desde su cuartel cercano. La operación se desarrolló en apenas un minuto, y la lancha, conducida por tres individuos con la cabeza cubierta para evitar ser identificados, emprendió la huida hacia mar abierto.

En total, la Guardia Civil confirmó la detención de nueve inmigrantes, mientras se mantiene la búsqueda de una décima persona, pues los propios migrantes aseguraron que viajaban diez en la expedición procedente de Marruecos. Los arrestados fueron trasladados al Puerto de Motril, donde recibieron atención médica inicial de la Cruz Roja, encontrándose todos en buen estado de salud.

Posteriormente, los inmigrantes pasaron a disposición de la Policía Nacional, que los llevó al Centro de Acogida Temporal de Emigrantes (CATE) del Puerto de Motril para la tramitación de su situación. La llegada de la lancha a plena luz del día y el desembarco en una playa tan concurrida ha generado un fuerte impacto mediático y social, reavivando el debate sobre los flujos migratorios irregulares, la seguridad costera y las condiciones de quienes arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo.

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