El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que España podría enviar militares españoles a una misión de paz en Ucrania, una vez que se alcance el cese de hostilidades en el país europeo. La declaración se produjo tras su participación en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en París, donde abordó tanto la reconstrucción del país como los aspectos de seguridad que requerirá el alto al fuego.

Sánchez explicó que el próximo lunes se reunirá con “la mayoría” de los grupos parlamentarios del Congreso para definir cuál debería ser la contribución española una vez finalice la guerra. El objetivo, según el presidente, es articular un paquete integral de apoyo que incluya ayuda humanitaria, reconstrucción de infraestructuras, incentivos económicos y medidas de seguridad, en coordinación con la Unión Europea y países aliados como Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa, Sánchez recalcó que España ha defendido desde el principio el acceso de Ucrania a la Unión Europea y reafirmó el compromiso del Gobierno en continuar apoyando al país tanto en la esfera política como económica. Además, destacó que la futura misión de paz debería tener un doble enfoque: reconstrucción civil y presencia militar, en línea con la experiencia española en operaciones de mantenimiento de la paz en otras regiones del mundo.

Al ser consultado sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas españolas, Sánchez señaló que España está dispuesta a colaborar con la paz en Europa tal como ha hecho en otras latitudes. “Si lo hemos hecho en otras partes del mundo, cómo no lo vamos a hacer en Europa”, afirmó, subrayando el compromiso del país con la seguridad regional y la estabilidad postconflicto. La reunión con los grupos parlamentarios marcará los próximos pasos para definir el alcance de la contribución española.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que su país prepara ataques terrestres contra presuntos carteles del narcotráfico en territorio venezolano, en el marco de la operación Lanza del Sur, que mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe. Las declaraciones se produjeron durante una reunión en la Casa Blanca, donde el mandatario afirmó que las acciones comenzarán “muy pronto”, tras la destrucción previa de una veintena de embarcaciones y la muerte de más de 80 personas, según datos de Washington.

El gobierno de Venezuela, representado en la Corte Penal Internacional (CPI) por su embajador Héctor Constant Rosales, denunció que la presencia militar estadounidense constituye una “amenaza a la soberanía” y pone en riesgo la estabilidad regional. Paralelamente, el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, presentó un proyecto de ley para derogar el Estatuto de Roma y retirar al país de la CPI, luego de que la Fiscalía anunciara el cierre de su oficina en Caracas por lo que llamó “falta de progreso real” con las autoridades.

Las tensiones se extendieron hacia otros países de la región cuando Trump advirtió que cualquier nación que produzca o envíe drogas hacia EE.UU. puede ser objeto de ataques, mencionando indirectamente a Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió invitando al mandatario estadounidense a visitar el país para observar directamente los operativos colombianos contra laboratorios de cocaína, asegurando que su Gobierno ha destruido miles de instalaciones sin recurrir a misiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su “profunda preocupación” e hizo un llamado a la unidad latinoamericana frente a cualquier intento de intervención externa.

En paralelo, Venezuela enfrenta una profunda crisis de conectividad aérea tras un aviso de la FAA que instó a extremar precauciones al sobrevolar la región. La medida provocó múltiples cancelaciones de vuelos y llevó al Gobierno venezolano a revocar las licencias de ocho aerolíneas internacionales, incluidas Iberia, Air Europa y Plus Ultra. La OACI recordó que cada Estado posee soberanía plena sobre su espacio aéreo, pero que las decisiones operativas corresponden a las partes involucradas.

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El Ejército israelí anunció este domingo por la noche que ha reanudado la aplicación del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras una jornada marcada por intensos bombardeos y enfrentamientos en la zona sur del enclave. La decisión llega después de que Israel respondiera militarmente a lo que consideró una “violación del acuerdo” por parte del grupo islamista Hamás.

En un comunicado, las fuerzas israelíes explicaron que el restablecimiento del alto el fuego se realizó por instrucción del Gobierno israelí, y subrayaron que “continuarán aplicando el acuerdo y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo”. Los ataques aéreos lanzados a lo largo del día provocaron decenas de víctimas civiles, entre ellas mujeres, niños y un equipo de prensa internacional que trabajaba en la zona para medios como Al Jazeera.

Los incidentes se produjeron tras un enfrentamiento en Rafah, al sur de Gaza, en el que dos soldados israelíes perdieron la vida. Según la versión de Israel, milicianos presuntamente vinculados a Hamás abrieron fuego y lanzaron un misil antitanque contra las tropas destacadas en la zona. Sin embargo, tanto Hamás como su brazo armado negaron cualquier implicación, asegurando que los combates fueron protagonizados por una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente del Ministerio del Interior de Hamás, en una operación contra milicias locales acusadas de colaborar con Israel.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó una reunión urgente con el ministro de Defensa Israel Katz y altos mandos de seguridad, tras la cual ordenó “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas” en Gaza. El Ejército confirmó haber ejecutado decenas de ataques durante la jornada.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “el alto el fuego sigue vigente” y que los incidentes recientes parecen obra de “rebeldes internos” ajenos a la dirección de Hamás. Desde Washington, el mandatario reiteró su respaldo a una solución que mantenga la estabilidad en la región, pero advirtió que se responderá “con dureza, pero adecuadamente” a cualquier escalada de violencia.

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El Ejército de Israel ha anunciado este jueves el inicio de los preparativos operativos para ejecutar la primera fase de su retirada de la Franja de Gaza, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego firmado recientemente con Hamás bajo la mediación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. El anuncio marca un punto de inflexión en el conflicto, tras meses de enfrentamientos que han dejado miles de víctimas y una devastación generalizada en el enclave palestino.

A través de un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que ya están implementando un protocolo de combate que permitirá replegar sus tropas hacia la conocida como “línea amarilla”, una franja que se extiende entre 1,5 y 6,5 kilómetros desde la frontera israelí. “El Ejército ha comenzado los preparativos operativos para implementar el acuerdo. Como parte de este proceso, se están llevando a cabo los preparativos y un protocolo de combate para pasar pronto a las líneas de despliegue ajustadas”, señala el comunicado.

El plan de paz de Trump contempla que esta primera fase de retirada se complete antes del próximo lunes, fecha en la que las milicias gazatíes —lideradas por Hamás— se comprometen a liberar a 48 rehenes aún cautivos. Según el diario israelí Haaretz, esta etapa permitirá a las brigadas de Hamás, así como a otros grupos como la Yihad Islámica Palestina, localizar y entregar a los secuestrados. De los rehenes contabilizados, las autoridades israelíes estiman que una veintena sigue con vida.

Aunque el Ejército ha reiterado que mantiene su presencia militar en Gaza y se encuentra preparado para “cualquier desarrollo operativo”, esta retirada parcial podría suponer un avance significativo hacia la desescalada del conflicto. Aún no se han dado a conocer los plazos para las siguientes fases, pero fuentes israelíes confirman que, tras la primera reubicación, sus tropas continuarán controlando aproximadamente la mitad del territorio gazatí, frente al 80 % actual.

De cumplirse los términos del acuerdo, esta operación marcaría el primer paso tangible hacia una tregua duradera en la región, bajo la supervisión internacional y con la esperanza de un alivio humanitario para la población civil de Gaza.

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Las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás comenzaron este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con el objetivo de discutir los términos del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Fuentes conocedoras de las conversaciones informaron a EFE que los equipos participantes buscan sentar las bases para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, un conflicto que ha dejado miles de víctimas desde su estallido.

Las conversaciones, mediadas por Estados Unidos, Egipto y Catar, se desarrollan entre equipos técnicos y no políticos, en un entorno de máxima discreción. Según la cadena Al Qahera News, las delegaciones ya se encuentran en el balneario egipcio y el proceso se extenderá varios días. Sin embargo, la ausencia de negociadores israelíes de alto nivel ha generado críticas y dudas sobre el verdadero alcance de estas reuniones.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había designado inicialmente al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para liderar la delegación, pero su llegada se ha pospuesto hasta el miércoles. Coincidirá entonces con el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno de Trump. Una fuente egipcia acusó a Netanyahu de “crear obstáculos” al enviar una delegación “sin autorización para tomar decisiones”, lo que podría retrasar cualquier avance sustancial.

Entre los puntos más delicados del plan de Trump destacan la transferencia del control administrativo de Gaza, la formación de una fuerza internacional de seguridad, la retirada gradual de tropas israelíes y la liberación de prisioneros palestinos. Para Hamás, el asunto más sensible es la excarcelación de líderes palestinos de edad avanzada, mientras que Israel insiste en la liberación de todos los rehenes capturados desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Aunque los mediadores consideran el diálogo un paso positivo, admiten que un acuerdo inmediato parece improbable.

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La Global Sumud Flotilla (GSF) denunció en la madrugada de este jueves la interceptación de trece de sus barcos por parte de la Marina israelí, cuando se encontraban en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza. Según la organización, más de 30 embarcaciones siguen avanzando a 46 millas náuticas del enclave, con el objetivo de romper el bloqueo impuesto desde 2006. Entre las embarcaciones detenidas se encuentra el buque Sirius, en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La flotilla, compuesta por más de 40 barcos y 500 voluntarios de distintos países, transporta ayuda humanitaria con el propósito de visibilizar la situación de Gaza. En los trece barcos interceptados viajaban 200 tripulantes, entre ellos 30 españoles, según el coordinador de la flotilla, Saif Abukeshekla. La organización ha denunciado el uso de cañones de agua y cortes de comunicación durante la operación israelí y ha calificado el hecho de «ataque ilegal contra humanitarios desarmados».

El Gobierno de España, a través del ministro de Exteriores José Manuel Albares, ha reclamado a Israel que respete la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles a bordo. Además, la Embajada en Tel Aviv y los consulados en Jerusalén y Nicosia han activado una unidad de seguimiento permanente. Según Exteriores, se mantiene comunicación con las autoridades israelíes y con otros países con nacionales implicados, como Irlanda y Turquía.

En paralelo, se han producido manifestaciones de apoyo en ciudades europeas y mediterráneas, como Barcelona, Bruselas, Berlín o Túnez. Mientras tanto, el buque español de salvamento marítimo ‘Furor’ permanece en la zona para prestar asistencia en caso necesario, aunque no penetrará en la zona de exclusión impuesta por Israel. La situación se mantiene bajo estrecha vigilancia, con la flotilla aún en curso hacia Gaza.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofrecieron una comparecencia conjunta en la Casa Blanca en la que Trump afirmó que Netanyahu ha aceptado un plan de 20 puntos diseñado por Washington para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El proyecto contempla un alto el fuego inmediato, la entrega de rehenes y la creación de un gobierno de transición supervisado por una Junta de la Paz internacional que, según lo anunciado por la Casa Blanca, incluiría al propio Trump y al ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan, según las autoridades estadounidenses y israelíes, ofrece medidas concretas: la liberación de rehenes en plazos limitados, el repliegue gradual de fuerzas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria gestionada por agencias internacionales y la desmilitarización de Hamás. Ambos líderes insistieron en que el acuerdo supone condiciones estrictas destinadas a impedir que Gaza vuelva a representar una amenaza para Israel, y subrayaron que la iniciativa se aplicaría en zonas consideradas “libres de terrorismo” por las Fuerzas de Defensa israelíes. Analistas y organismos internacionales han mostrado cautela sobre la viabilidad práctica y legal de alguno de los elementos propuestos.

Durante la rueda de prensa, Trump advirtió que si Hamás rechaza el acuerdo —algo que por ahora no ha ocurrido— Estados Unidos respaldará plenamente a Israel para tomar las medidas necesarias, hasta la “destrucción” de la milicia si fuera preciso, según sus palabras. Netanyahu, por su parte, definió a Trump como un aliado clave y dijo que el plan coincide con los objetivos de su Gobierno, entre ellos la liberación de rehenes y la eliminación de la capacidad militar de Hamás. Observadores internacionales han subrayado que la falta de aceptación por parte de Hamás y la diversidad de actores regionales complican la implementación.

Las implicaciones regionales son significativas: si la propuesta avanzara, implicaría un amplio papel internacional en la administración temporal de Gaza y una reforma de la Autoridad Palestina, además de riesgos políticos para actores como Qatar, Egipto y los países árabes cercanos, que han reaccionado con interés y reservas. Varios gobiernos y entidades humanitarias han pedido garantías sobre la protección de civiles y un mecanismo creíble para la reconstrucción y la entrega de ayuda. La comunidad internacional permanecerá atenta a la respuesta de Hamás y a los pasos concretos que adopten Washington y Tel Aviv.

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El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado en Pleno una propuesta que, además de condenar el genocidio de Gaza, incorpora una serie de medidas municipales destinadas a mostrar apoyo al pueblo palestino. Entre ellas, destaca la decisión de vetar contratos públicos y convenios con empresas israelíes, así como la suspensión de relaciones institucionales con el actual Gobierno del Estado de Israel mientras no se garantice el respeto al Derecho Internacional y a los derechos humanos.

La propuesta fue impulsada por el equipo de Gobierno local, integrado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid Alcorcón, después de que PP y Vox rechazaran respaldar una declaración institucional en la Junta de Portavoces. De este modo, la iniciativa salió adelante únicamente con los votos de los partidos que conforman el Ejecutivo municipal. Según recoge el texto, “Alcorcón tiene el deber moral e institucional de alzar la voz contra el genocidio y por la protección de la infancia, de promover una cultura de paz y orientar su acción municipal para no contribuir a vulneraciones de derechos humanos”.

El acuerdo aprobado contempla la introducción de cláusulas de respeto a los derechos laborales, humanos e internacionales en todos los contratos municipales y la exclusión de convenios, patrocinios o colaboraciones con entidades señaladas por organismos internacionales como participantes en asentamientos ilegales. Además, se aplicarán criterios de “debida diligencia” a la autorización de eventos y colaboraciones locales para evitar vínculos con este tipo de prácticas.

Como gesto simbólico de solidaridad, el Ayuntamiento también instruirá a sus organismos, centros culturales, deportivos y educativos a exhibir de forma permanente el cartel de la campaña “Artistas con Palestina”, destacando especialmente el apoyo a la infancia palestina. Con estas medidas, Alcorcón se suma a las ciudades que han adoptado iniciativas políticas y culturales para expresar su rechazo a la violencia en Gaza y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el envío del Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’ desde el puerto de Cartagena para asistir a la Global Sumud Flotilla, una expedición humanitaria que se dirige a Gaza con el objetivo de llevar ayuda a la población palestina. Esta decisión responde a los recientes ataques sufridos por la flotilla, que incluyen explosiones y sabotajes en sus embarcaciones, poniendo en riesgo la seguridad de los activistas a bordo.

El ‘Furor’, un buque de 90 metros de eslora, partirá este jueves y estará equipado con medios para realizar rescates y ofrecer asistencia en caso de emergencia. Sánchez ha enfatizado que el envío busca garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles y el cumplimiento del derecho internacional, sin que implique una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Italia ha tomado una medida similar, enviando la fragata ‘Fasan’ para proteger a sus ciudadanos a bordo de la flotilla. Ambos países han respondido a las solicitudes de la organización de la flotilla, que ha pedido protección efectiva, incluyendo escolta marítima y presencia diplomática, tras la escalada de ataques sufridos.

La participación de figuras públicas como Greta Thunberg y Ada Colau ha elevado la visibilidad internacional de la flotilla. El Gobierno español ha coordinado con otros países, como Italia e Irlanda, para garantizar la seguridad de los participantes y reafirmar el compromiso con la ayuda humanitaria en la región.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino este martes ante la Asamblea General de la ONU con un discurso en el que criticó duramente el reconocimiento “unilateral” del Estado palestino por parte de varios países, al que calificó como una «recompensa» para «los terroristas de Hamás». En línea con el Gobierno de Israel, Trump insistió en que la prioridad debe ser la liberación de los rehenes y acusó a Hamás de bloquear un alto el fuego.

Durante su intervención, Trump aseguró que está comprometido con las negociaciones entre Israel y Hamás, pero responsabilizó al grupo palestino de rechazar acuerdos previos. Además, lanzó críticas contra la ONU, a la que acusó de no resolver conflictos, y señaló la crisis migratoria como ejemplo de la ineficacia de la organización. «Si vienes ilegalmente a Estados Unidos, vas a ir a la cárcel o volver por donde viniste», afirmó, defendiendo una política de mano dura en inmigración.

El mandatario también abordó la guerra en Ucrania, reconociendo que pensó que sería un conflicto “más fácil de resolver”. Advirtió a Rusia de posibles aranceles si no se avanza hacia un acuerdo y pidió a los países europeos dejar de comprar petróleo y gas ruso. En este punto, acusó a naciones como China e India de “financiar el conflicto” y advirtió de que sin medidas coordinadas se corre el riesgo de prolongar la guerra.

En otros pasajes, Trump se refirió al tráfico de drogas, lanzando un mensaje directo a redes vinculadas a Venezuela, y defendió la creación de un sistema internacional de verificación de armas biológicas basado en inteligencia artificial. Asimismo, repitió sus posiciones escépticas sobre el cambio climático, calificándolo de “la mayor estafa jamás perpetrada”, y cuestionó la validez de las predicciones científicas sobre el calentamiento global.

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