La comparecencia del president en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación sobre la DANA celebrada en el Congreso ha estado marcada este lunes por un intenso intercambio con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El diputado ha centrado su intervención en la gestión de las alertas y los protocolos durante el temporal que dejó 229 víctimas en la Comunidad Valenciana, exhibiendo varias fotografías de fallecidos para subrayar el impacto humano del suceso. Mazón, por su parte, defendió que “no existía un protocolo de Es-Alert” aplicable en aquel momento, negando que hubiera recibido avisos que permitieran una reacción diferente.

Rufián inició su interrogatorio afirmando que existían “medios in situ desmintiendo” algunas declaraciones previas del president en funciones, especialmente las referentes a la ausencia de alertas y avisos previos. Durante el intercambio, el diputado de ERC preguntó directamente a Mazón: “¿Las muertes, le pesan?”, a lo que este respondió que “nos duelen”, devolviendo la pregunta al parlamentario. El debate se tensó cuando ambos discutieron sobre la responsabilidad de activar las alertas, llegando Mazón a asegurar que él “tampoco era quien debía activarlas”, una afirmación que generó sorpresa en Rufián.

En un momento posterior, el portavoz de ERC cuestionó la ubicación de Mazón durante las horas críticas del temporal, mencionando que se encontraba en un establecimiento mientras, según sus palabras, se producían víctimas. Mazón negó rotundamente esta acusación. Rufián insistió en pedirle que “no mintiera” y apoyó su afirmación mostrando recortes y titulares de aquel día, acusando al president en funciones de ofrecer versiones “flagrantemente” incorrectas. El diputado extendió su crítica al Partido Popular, preguntando si la formación tenía algo que añadir tras “amparar” a Mazón durante el último año.

El interrogatorio, de aproximadamente 18 minutos, concluyó con un intercambio especialmente tenso en el que Mazón pidió al diputado que no le diera “lecciones”. Rufián, por su parte, respondió que su obligación en la comisión era esclarecer posibles responsabilidades políticas. Mazón reiteró que su actuación se ajustó a la información disponible en aquel momento, mientras continuaba rechazando las acusaciones. La sesión dejó patente la fuerte divergencia entre ambas partes y reavivó el debate sobre la gestión de emergencias y la coordinación institucional en episodios de fenómenos meteorológicos extremos.

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El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareció este martes ante la comisión de investigación de Les Corts para abordar su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de 229 personas. Mazón evitó responder directamente a las preguntas de la oposición sobre su presencia durante la emergencia y centró su discurso en culpar al Gobierno central y a sus agencias, como Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la supuesta falta de información.

Durante su intervención, Mazón reconoció que fue informado de las inundaciones mientras se encontraba en una comida de cuatro horas, pero no aclaró por qué no modificó su agenda ni se comunicó con el alcalde de Utiel o con otros responsables locales. Según su relato, los servicios de emergencias de la Generalitat actuaron con la información disponible, activando alertas hidrológicas, enviando más de 22.000 SMS y más de 6.000 correos electrónicos, y cumpliendo con los protocolos autonómicos pese a la magnitud del fenómeno.

La comparecencia se produjo en un ambiente de tensión, con familiares de víctimas concentrados frente a Les Corts, que coreaban consignas críticas hacia Mazón. Algunos asistentes denunciaron sentirse desplazados a una sala apartada, siguiendo la sesión a través de pantallas. Representantes de partidos como PSPV-PSOE y Compromís criticaron la intervención, calificándola de insuficiente y de repetir una estrategia de excusas y ataques políticos en lugar de asumir responsabilidades.

El presidente en funciones insistió en que su papel personal no fue relevante y reiteró que la Generalitat asumió responsabilidades, incluida su dimisión, mientras que el Gobierno central, a su juicio, no cumplió con sus obligaciones. Sin embargo, la postura de Mazón fue cuestionada por la oposición y por las víctimas, que consideran que su comparecencia no aporta claridad sobre los hechos ni sobre su gestión durante las horas críticas de la tragedia.

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El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su dimisión tras la gestión de la DANA del 29 de octubre, que provocó 229 fallecimientos en las comarcas valencianas. La catástrofe, una de las más graves registradas en la región, desencadenó una ola de críticas hacia la actuación del Gobierno autonómico y generó un profundo malestar social.

Durante su comparecencia a las 9:00 horas, Mazón reconoció el desgaste personal y político sufrido desde el desastre natural. “Liderar ese trabajo requiere una fuerza que ni yo ni mi familia tenemos. Las víctimas tienen derecho a expresarse como consideren”, afirmó visiblemente emocionado. Añadió además que “ha sido un honor servir a mi tierra” y que su renuncia responde a una decisión personal ante la presión política y mediática que rodea su gestión.

Pese a su salida, Mazón seguirá en funciones hasta que el Partido Popular y Vox lleguen a un acuerdo sobre su sustituto o sustituta. Los populares necesitan el apoyo de la formación de ultraderecha para nombrar un nuevo presidente o presidenta del Consell, lo que deja al dirigente en una posición de interinidad y con escaso margen de maniobra. La dimisión también abre una lucha interna por el poder dentro del PP valenciano, donde ya se barajan nombres de posibles relevos.

La DANA del 29 de octubre dejó no solo víctimas mortales, sino también graves daños materiales y económicos en infraestructuras, viviendas y explotaciones agrícolas. La gestión del desastre se convirtió en el principal punto de desgaste del Ejecutivo autonómico, al que se acusa de falta de previsión y lentitud en la respuesta institucional. Mientras tanto, familiares de las víctimas y colectivos ciudadanos exigen una comisión independiente de investigación que depure responsabilidades.

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