La Comunidad de Madrid ha declarado el estado de emergencia cinegética temporal en 114 municipios tras constatar un crecimiento alarmante de la población de jabalíes, que ya supera los 35.000 ejemplares. Esta decisión busca contener los crecientes accidentes de tráfico, daños en cultivos y situaciones de riesgo para la ciudadanía provocadas por la presencia cada vez más habitual de estos animales en zonas rurales y periurbanas.

Según datos de la Fundación Artemisa, especializada en conservación de fauna, la población de jabalíes en España se ha duplicado en la última década, alcanzando densidades de hasta 1,5 ejemplares por kilómetro cuadrado en algunas zonas de la región. Dos tercios de los accidentes de tráfico causados por fauna silvestre en Madrid involucran a este animal, cuya expansión se considera actualmente “preocupante”.

La directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal, Irene Aguiló, advirtió que los jabalíes no solo suponen un peligro vial, sino que también están implicados en ataques a personas y mascotas, así como en graves daños agrícolas y ecológicos. Además, se ha señalado un riesgo potencial en términos de salud pública y seguridad alimentaria, lo que ha llevado al Ejecutivo regional a diseñar un plan de control que incluye jaulas, trampas y caza controlada.

Este plan, que se desarrollará durante los próximos cinco años, incluye intervenciones en zonas de caza y espacios cercanos a núcleos urbanos, así como en “puntos negros” viales donde los atropellos de jabalíes son más frecuentes. El protocolo también detalla los pasos que deben seguir los ayuntamientos afectados y contempla medidas excepcionales que podrían prorrogarse un año más si persiste la situación.

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La Comunidad de Madrid ha aprobado una resolución que permitirá la caza excepcional de jabalíes durante todo el año, fuera de la temporada habitual. Esta decisión se adopta en respuesta al creciente número de accidentes de tráfico y daños en cultivos atribuidos a la sobrepoblación de esta especie, especialmente en zonas rurales y urbanas. Entre 2012 y 2023, la región ha registrado una media anual de 120,5 atropellos con jabalíes implicados, lo que ha generado preocupación en comarcas como Carabaña y Collado Mediano.

La medida contempla la declaración de emergencia cinegética temporal en diez comarcas forestales y en los municipios de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y Villaviciosa de Odón. En estas zonas se autoriza la captura en vivo mediante jaulas/trampas, rifles anestésicos y caza con arco en áreas urbanas o de seguridad. Además, durante el periodo hábil, se podrán realizar acciones mediante batidas, monterías, caza en mano, rececho y aguardos. Fuera de temporada, se intervendrá en el hábitat para evitar daños a la agricultura y ganadería.

La resolución también incrementa la presión cinegética, permitiendo elevar hasta en un 50% las cacerías colectivas en cotos y terrenos habilitados. En fincas de más de 250 hectáreas, será posible organizar esperas sin autorización previa, siempre que haya comunicación a la administración. Se permitirá además el uso de visores térmicos y el aporte alimentario en los puntos de espera, con el fin de aumentar la efectividad del control poblacional.

Junto con estas medidas, el Gobierno regional impulsará campañas de concienciación ciudadana y ofrecerá asesoramiento técnico a los ayuntamientos para una gestión coordinada. Esta estrategia se enmarca dentro del plan hasta 2030 que persigue reducir riesgos para la seguridad vial, preservar la actividad agrícola y garantizar el equilibrio ecológico frente al crecimiento descontrolado de los jabalíes.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado una medida que permitirá nuevamente la caza del lobo al norte del río Duero, poniendo fin a su protección vigente desde 2021. La decisión se incluyó como una enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario y contó con el respaldo de PP, Vox, Junts y PNV, a pesar de que en Cataluña y Euskadi apenas hay lobos.

La normativa había sido aprobada previamente en el Senado y, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el lobo será excluido del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial en toda España, excepto al sur del Duero. Además, la ley contempla que España se adhiera automáticamente a una posible rebaja del nivel de protección del lobo en Europa, en caso de que prospere la propuesta de la Comisión Europea para modificar su estatus de «estrictamente protegida» a solo «protegida».

La medida ha sido recibida con satisfacción por asociaciones ganaderas, que desde hace años reclamaban la desprotección del lobo debido a los ataques a su ganado. La portavoz del PP en el Congreso, Milagros Marcos Ortega, ha defendido la aprobación señalando que la presencia del lobo en las zonas rurales es una «pesadilla» y que su caza permitirá devolver la tranquilidad a los ganaderos.

Por otro lado, las asociaciones ecologistas han condenado la decisión. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, calificó la aprobación de la ley como un “capítulo negro para la conservación en España”, alertando sobre el riesgo de matanzas indiscriminadas de lobos por parte de las comunidades autónomas. En Cantabria, por ejemplo, ya se ha planteado la caza de 40 ejemplares este año, un 20% de su población censada.

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