La esposa del presidente del Gobierno, citada por presuntos delitos, se ausenta y delega en su defensa legal

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, volvió a no presentarse este lunes a la citación del juez Juan Carlos Peinado, prevista a las 17:30 horas. En su lugar, envió a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, quien informó al magistrado que, en caso de ser juzgada, el proceso se realizará ante un jurado popular por los delitos que se investigan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La citación incluía también a otros implicados como la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes tampoco se presentaron.

El juez Peinado ya había registrado la ausencia de los citados en la vistilla anterior del 27 de septiembre, y en la nueva notificación insistió en que los convocados debían comparecer necesariamente con sus abogados. La defensa de Gómez solicitó, además, que el magistrado recabe información de La Moncloa sobre los asistentes de las parejas de presidentes anteriores, detallando sus puestos y funciones, en un intento de contextualizar la actuación de la esposa del mandatario.

Por su parte, la Fiscalía ha reiterado su solicitud de archivo del caso contra Gómez, alegando que la relación conyugal con el presidente no puede considerarse prueba de un “prevalimiento” delictivo. Según los fiscales, no hay indicios suficientes para sustentar los delitos investigados. Sin embargo, algunas acusaciones particulares, como Iustitia Europa representada por HazteOir, buscan imputar también al presidente Pedro Sánchez, lo que requeriría una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

El juez Peinado considera que la relación entre Sánchez y Gómez es un factor clave para investigar los posibles delitos, destacando la relevancia de su parentesco para el presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados. Además, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido invitada a personarse como perjudicada en la causa que analiza la apropiación indebida de un software desarrollado en la institución. La causa sigue abierta y las partes esperan nuevas resoluciones.