Los 17 becarios del musical Malinche han enviado una carta a la magistrada Inmaculada Iglesias, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, solicitando ser escuchados para “contar su verdad”. Esta petición surge tras la suspensión de la comparecencia de Lesly Ochoa, exbecaria y denunciante del caso, quien no asistió a la cita judicial programada el 4 de octubre debido a un cuadro de ansiedad.

Inicialmente, los becarios tenían programada su declaración para el 29 de agosto, pero fue suspendida por el juez Antonio Serrano-Arnal, quien asumió las funciones de la juez titular, Inmaculada Iglesias, durante sus vacaciones. Los becarios, que regresaron a México el 1 de septiembre tras completar su formación en España, no tuvieron oportunidad de prestar declaración.

En la carta, los becarios expresan su “preocupación” por los retrasos en el proceso judicial y los posibles daños a su “imagen, trabajo y estabilidad emocional”. La productora del musical asegura que el retraso, junto a intentos previos de prolongar el proceso, ha causado perjuicios graves a los becarios.

“Nos parece paradójico que, siendo nosotros quienes hemos sufrido un ataque directo a nuestra reputación, tanto individual como colectiva, la denunciante continúe dilatando este procedimiento”, escribieron en su carta.

Además de solicitar una fecha y hora para declarar, los estudiantes afirman que es crucial ejercer su “derecho legítimo a defenderse” y presentar su versión de los hechos ante el tribunal.

La situación legal del caso se remonta al 8 de julio, cuando los becarios de Malinche presentaron una denuncia en la Comisaría de Leganitos. Según la productora, en esta denuncia, que está siendo investigada por el juzgado número 38 de Madrid, los becarios declararon que sus testimonios ante la policía fueron obtenidos bajo amenazas y coacción.

La productora sostiene que los becarios no son víctimas de Nacho Cano, sino de Lesly Ochoa y de una persecución política, alegando que la Policía vulneró sus derechos al obtener información privada de manera ilícita. La compañía también denuncia que los agentes intentaron dirigir los testimonios de las becarias para inculpar a Nacho Cano por delitos contra la libertad sexual, y a los becarios varones para acusarlo de tratos vejatorios.

Finalmente, afirman que al no poder obtener las declaraciones buscadas, los agentes fabricaron delitos relacionados con inmigración ilegal y derechos de trabajadores extranjeros.