Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la revisión y anulación de aproximadamente 2,5 millones de multas impuestas en los últimos dos años, por un valor superior a los 400 millones de euros. La organización denuncia graves irregularidades en la tramitación de estos expedientes sancionadores.

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) solicita la cancelación de sanciones valoradas en más de 400 millones de euros, alegando fallos en notificaciones y clasificación de infracciones.

Uno de los principales grupos de sanciones que AEA pide cancelar se refiere a 1.260.646 multas emitidas entre abril y septiembre de 2023, las cuales, según el propio Ayuntamiento de Madrid, presentan defectos en las notificaciones a los conductores. AEA argumenta que si el Consistorio ha reconocido estas irregularidades ante la Fiscalía Provincial de Madrid, las multas deben ser anuladas, ya que su tramitación está viciada y no debería continuar con el cobro de las mismas, incluso mediante el embargo de cuentas.

Otro grupo de sanciones cuestionadas son las relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones, donde se han impuesto multas de 200 euros por acceder sin autorización desde marzo de 2023. AEA sostiene que estas infracciones deberían ser consideradas leves, con sanciones no superiores a 100 euros, conforme a lo indicado por los tribunales. En este grupo se encuentran 1,2 millones de multas por acceso no autorizado en el distrito centro, Plaza Elíptica y el interior de la M-30, además de las emitidas por cámaras en la A-3, que, según AEA, estuvieron sancionando de manera ilegal durante el primer semestre de 2024.

Finalmente, AEA cuestiona las multas por exceso de velocidad en la avenida de la Victoria, donde se alegó que existía un límite de 30 km/h que en realidad no estaba establecido. La organización afirma que los tribunales han demostrado que estas sanciones no son válidas.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha pedido la intervención del alcalde para evitar lo que considera un problema social, debido a las deudas multimillonarias que podrían afectar a miles de familias por sanciones de dudosa legalidad.