La suspensión llega tras un nuevo recurso judicial y la falta de una alternativa habitacional para la familia

El desahucio de Josefina, una mujer de 62 años que vive con sus cinco hijos en una vivienda pública de Leganés, ha quedado paralizado sin nueva fecha fijada. La familia reside en un inmueble de la Agencia de Vivienda Social (AVS), situado en la calle de la Acacia.

El lanzamiento estaba previsto para este martes 13 de octubre, después de que la fecha inicial se modificara pese al compromiso de aplazarlo hasta el día 22. La suspensión se ha producido después de que la defensa presentara un nuevo recurso ante el juzgado.

Según ha trasladado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, la situación de vulnerabilidad de la familia y la ausencia de una alternativa habitacional han sido factores relevantes para solicitar que se detenga el procedimiento. Por el momento, no se ha fijado una nueva fecha para el desahucio.

El pasado 6 de octubre, una movilización de vecinos, activistas y medios de comunicación frente a la vivienda terminó con el anuncio de que el lanzamiento se aplazaba hasta el día 22 para permitir que Josefina reuniera documentación pendiente. Sin embargo, al día siguiente la familia recibió una notificación en la que se adelantaba el desahucio al 13 de octubre.

La PAH denunció entonces que los documentos requeridos no se habían comunicado a la abogada hasta el jueves por la tarde y que uno de ellos debía solicitarse en el Registro de la Propiedad de Leganés. El cierre de las oficinas durante la festividad local y el festivo nacional del lunes dificultaron completar el trámite a tiempo.

Un conflicto por la titularidad de la vivienda

El origen del procedimiento está en la situación contractual del inmueble, adjudicado por el antiguo IVIMA cuando Josefina estaba casada. El contrato figuraba a nombre de su marido y, tras su fallecimiento, ella inició los trámites para solicitar la subrogación y continuar en la vivienda junto a sus hijos.

Según el relato trasladado por la PAH, la situación no llegó a regularizarse y el expediente quedó archivado por falta de documentación. La plataforma sostiene que Josefina tiene reconocida una discapacidad que le impide trabajar y considera que su situación familiar y económica requiere una respuesta específica de la Administración.

La organización reclama a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid una solución estable que permita a la familia conservar una vivienda o acceder a una alternativa adecuada. La paralización indefinida evita por ahora el lanzamiento, aunque la situación administrativa del inmueble y el procedimiento judicial siguen pendientes de resolución.