La Operación CALANDINO detectó más de 500 construcciones irregulares, vertidos y ocupaciones del dominio público hidráulico

La situación ambiental del río Guadarrama y de su entorno ha llegado a los tribunales después de la denuncia presentada en 2023 por quien entonces era alcalde de Batres. La denuncia dio lugar a la denominada Operación CALANDINO, una investigación desarrollada por la Unidad especializada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

Entre los citados figuran la exalcaldesa de Arroyomolinos Ana Millán, el actual alcalde del municipio, Luis Quiroga, y el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, junto a otros responsables municipales. La causa contempla provisionalmente posibles delitos de prevaricación medioambiental y urbanística por omisión, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio.

Según recoge la Fiscalía, las actuaciones permitieron detectar distintos incumplimientos en el entorno del río, entre ellos la ocupación del dominio público hidráulico por diferentes actividades, principalmente urbanísticas, en zonas inundables. La investigación contabilizó además más de 500 construcciones irregulares.

El informe también señala la presencia de residuos de construcción y demolición en zonas de servidumbre y dominio público, así como vertidos de aguas residuales. La Fiscalía apunta igualmente a vertidos directos procedentes de asentamientos irregulares y a incumplimientos relacionados con determinadas estaciones depuradoras autorizadas.

La investigación judicial se centra ahora en determinar las posibles responsabilidades de las distintas administraciones que tenían competencias sobre estas zonas. La jueza de Navalcarnero ha citado para el próximo 17 de diciembre a varios responsables públicos que ejercieron funciones municipales entre 2021 y 2023 en Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero, además de responsables de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El exalcalde de Batres, Víctor López ha asegurado a LGN Medios que fue a la Fiscalía General de Medio Ambiente y presentó una denuncia con un informe de la Catedral de la Universidad de Castilla-La Mancha del Tajo, que contrató al Ayuntamiento de Batres. Aportó documentación técnica y jurídica, además de material fotográfico y antecedentes relacionados con el estado del río.

La investigación se encuentra todavía en fase de diligencias previas y será el juzgado el que determine, tras analizar la documentación y escuchar a los investigados, si existen responsabilidades y cuál sería su alcance.